Este 29 y 30 de realizó una verificación de la situación socioeconómica de personas usuarias del Programa Pensión 65 en las provincias de Huanta y Andahuaylas, se informó hoy.
Verificación de Programa Pensión 65 en Andahuaylas.
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Esta acción contó con la participación de representantes del Programa Pensión 65, del Sistema de Focalización de Hogares, Sisfoh, y personal responsable de la Unidad Local de Focalización de los municipios provinciales de Huanta en Ayacucho y Andahuaylas en Apurímac,
En el marco del proceso de fiscalización que impulsa el Programa Pensión 65 para detectar irregularidades, se visitó en sus hogares, a un conjunto de usuarios del Programa, para verificar si la información contenida en sus fichas socioeconómicas se ajustan a la realidad e identificar información errónea en el empadronamiento de hogares.
En Huanta se trabajó en la zona peri urbana y en la zona rural aledaña a la provincia, en las zonas de Castropampa, Huancayoc, Ichipico, Puchcas, Chancaray y Hospital Bajo.
En la mayoría de los casos supervisados, se comprobó que las condiciones socioeconómicas de los usuarios no eran de extrema pobreza, contaban con servicios básicos e incluso algunos tenían otros ingresos como pequeñas bodegas.
Los casos irregulares detectados serán reevaluados para determinar su desafiliación del programa, indicó un a nota de prensa del referido Programa.
En cambio en Andahuaylas, en donde se fiscalizó los distritos de Andahuaylas y Talavera, en las zonas de Huancabamba, Poshccota, Llantyhuanca, Posoccoy. Rumi Rumi, Tucuracra y Los Angeles, las condiciones socioeconómicas de los hogares observadas en la fiscalización sí coincidió con las registradas en los padrones.
Estas supervisiones, que se realizan regularmente, permiten comprobar si dicha población se encuentra en situación de pobreza extrema, condición básica para ser usuario del Programa Pensión 65, o no, para según ello realizar las desafiliaciones del caso, con la notificación respectiva a los interesados.
El Programa Pensión 65 tiene a la fecha 173,891 personas que reciben la transferencia monetaria del Estado. En Apurímac, ya son 19,056 usuarios y en Ayacucho 20,749.
Se informó que el trabajo de fiscalización continuará en forma permanente para identificar usuarios que no califican para el programa y dar opción para que se incorporen al programa a otros adultos mayores de 65 años en situación de extrema pobreza.
En el marco del proceso de fiscalización que impulsa el Programa Pensión 65 para detectar irregularidades, se visitó en sus hogares, a un conjunto de usuarios del Programa, para verificar si la información contenida en sus fichas socioeconómicas se ajustan a la realidad e identificar información errónea en el empadronamiento de hogares.
En Huanta se trabajó en la zona peri urbana y en la zona rural aledaña a la provincia, en las zonas de Castropampa, Huancayoc, Ichipico, Puchcas, Chancaray y Hospital Bajo.
En la mayoría de los casos supervisados, se comprobó que las condiciones socioeconómicas de los usuarios no eran de extrema pobreza, contaban con servicios básicos e incluso algunos tenían otros ingresos como pequeñas bodegas.
Los casos irregulares detectados serán reevaluados para determinar su desafiliación del programa, indicó un a nota de prensa del referido Programa.
En cambio en Andahuaylas, en donde se fiscalizó los distritos de Andahuaylas y Talavera, en las zonas de Huancabamba, Poshccota, Llantyhuanca, Posoccoy. Rumi Rumi, Tucuracra y Los Angeles, las condiciones socioeconómicas de los hogares observadas en la fiscalización sí coincidió con las registradas en los padrones.
Estas supervisiones, que se realizan regularmente, permiten comprobar si dicha población se encuentra en situación de pobreza extrema, condición básica para ser usuario del Programa Pensión 65, o no, para según ello realizar las desafiliaciones del caso, con la notificación respectiva a los interesados.
El Programa Pensión 65 tiene a la fecha 173,891 personas que reciben la transferencia monetaria del Estado. En Apurímac, ya son 19,056 usuarios y en Ayacucho 20,749.
Se informó que el trabajo de fiscalización continuará en forma permanente para identificar usuarios que no califican para el programa y dar opción para que se incorporen al programa a otros adultos mayores de 65 años en situación de extrema pobreza.
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