HISTORIA CLÍNICA DE LA SALUD PÚBLICA

Por Julio Castro

La huelga de los médicos de EsSalud; los paros de médicos y trabajadores de las sanidades del Interior y Defensa, del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y del Instituto de Medicina Legal (IML), y la actual huelga nacional de los médicos del Ministerio de Salud (Minsa), conducidos por la Federación Médica Peruana, ponen en evidencia la alta conflictividad laboral en Salud y pueden convertirse en una grave paralización de un sector clave para la atención de las necesidades de salud y de inclusión social de miles de peruanos y peruanas.
En los últimos años ha aumentado la proporción de personas con problemas de salud y que consultan, y que no encuentran en el sector público la atención eficiente y de calidad que demandan, por las pésimas condiciones de infraestructura y equipamiento y el maltrato y desmotivación de los profesionales, técnicos y auxiliares que laboran en el sector. Casi 20% de la población no tiene acceso a servicios de salud.
Las políticas de “modernización en salud y seguridad social” aplicadas por el fujimorismo en la década de 1990 y continuadas en lo fundamental hasta el presente, pusieron en marcha un manejo más tradicional de los recursos humanos: no valoraron su rol fundamental en la prestación del servicio de salud, no se apostó a su promoción mediante la capacitación continua, la delegación de responsabilidades, la premiación y el reconocimiento a los méritos y las adecuadas condiciones de trabajo y remunerativas. Fue la continuación de una política tradicional de desconocimiento y recorte de derechos, de desaliento por la generalización de los puestos de confianza en los cargos técnicos, la inestabilidad laboral, las magras remuneraciones y las exigencias ‘eficientistas’ de producción que atentan contra la calidad de atención a los pacientes.
Situación de los recursos humanos del sector Salud
La alta conflictividad en Salud se produce porque los profesionales y el conjunto de servidores del sector carecen de condiciones de trabajo adecuadas, están muy mal remunerados, con cerca del 40% contratados precariamente (CAS), desmotivados, sin reconocimiento de los méritos y ausencia de carrera sanitaria, además de su inequitativa y centralista distribución y su gran déficit de especialistas, sobre todo en las regiones del interior.
A pesar de su importancia, el tema del potencial humano no ha merecido el desarrollo de una política moderna para su regulación, planificación y gestión. A los problemas tradicionales no resueltos de inadecuada distribución, centralización con abandono de amplios sectores poblacionales y carencia de especialistas en la mayoría de regiones con ausencias críticas como anestesiólogos, infectólogos, psiquiatras y cardiólogos, se han agregado otros derivados de las cambiantes condiciones laborales y de organización y entrega de servicios con agudos problemas de precarización del empleo y la calidad.
La ampliación de la cobertura en el primer nivel de atención, producida en la década pasada, no se acompañó del aumento de la capacidad resolutiva, por la precariedad de la infraestructura, la carencia de equipamiento básico indispensable y el no contar con insumos esenciales ni medicamentos.
El Minsa es el principal empleador del sector: en el 2009, el 68% de los trabajadores estaba bajo su responsabilidad. Es importante anotar que todos los subsectores incrementaron sus puestos laborales en la década. Por niveles de atención, en el Minsa el mayor número de puestos laborales se concentran en los hospitales, con un significativo incremento en el primer nivel en los distritos más alejados y en pobreza a través del Programa de Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (Serum).
El sector Salud emplea a un alto porcentaje de profesionales, 48% del total, y el resto es ocupado por técnicos y auxiliares. El Minsa es también el mayor empleador de profesionales de la salud (médicos, enfermeras, obstetrices, odontólogos).
La distribución del personal sigue presentando inequidades que afectan sobre todo a las áreas rurales de sierra, selva y zonas de frontera, y, en general, a zonas de menor desarrollo. La concentración urbana de los profesionales, sobre todo de especialistas, es abrumadora: médicos, 88%; enfermeras, 84%; obstetrices, 66%; odontólogos, 78%; químico-farmacéuticos, 90%; y nutricionistas, 86%.

El SERUM ha funcionado como una estrategia para ofrecer profesionales de la salud en zonas rurales y urbano-marginales: ha colocado casi 7.000 profesionales en el 2011, en más del 90% de los distritos en pobreza y con plazas rentadas. Sin embargo, todavía es una solución parcial y con problemas para el primer nivel de atención, con profesionales sin experiencia y sin continuidad en el servicio y la atención.
La flexibilización laboral ha tenido una grave repercusión en la condición laboral del personal de Salud: el Estado, que debería ser el primero en respetar la legislación en la materia, la ha violado. Los contratos CAS están por encima del 40%. Durante una década no se han creado las plazas necesarias, ni en el Ministerio de Salud ni en el Seguro Social de Salud, lo que dificulta la solución del problema.
Se ha destruido la carrera profesional, al desconocer toda la legislación al respecto. Ésta ha sido una de las más grandes razones que explican la desmotivación del personal, pues se desconoce la práctica de la meritocracia entre los profesionales para la selección, promoción y designación de cargos técnicos a todo nivel. A esto se suma un manejo caótico, con diversas leyes: Decreto Legislativo 276, DL 728, CAS, SNP, Presupuesto por Resultados, Ley de Trabajo Médico (DL 559) y otras 7 leyes de distintas profesiones de la salud (enfermeras, obstetras, psicólogos, odontólogos, etcétera), así como diversos conceptos remunerativos y de bonificaciones que se aplican diferenciadamente a los diferentes grupos ocupacionales (bolsa de alimentos, refrigerio, CAFAE, etcétera).
Otros problemas son el desconocimiento de derechos laborales del personal y la mantención de niveles remunerativos precarios; el aumento de las brechas remunerativas que afecta a los profesionales y trabajadores de las regiones (el Minsa solo responde por los servidores de su sector de Lima Metropolitana); el desconocimiento de los derechos pensionarios del personal; la ausencia de políticas de estímulo individuales y colectivas para incentivar la calidad y productividad, y el logro de metas institucionales. Debe agregarse la ausencia de una cultura de capacitación continua del personal: solo algunos programas manejados verticalmente han tenido experiencias con escasos resultados a pesar de los importantes recursos invertidos.
Hacia una nueva política de desarrollo del potencial humano en Salud
Lograr el objetivo de garantizar el derecho a la salud y la protección integral de toda la población, con servicios y atención de calidad, requiere de transformaciones fundamentales, que deben incorporar como uno de sus componentes centrales una política de desarrollo del potencial humano en Salud. La concepción moderna del potencial humano de un sector parte de la consideración de que el personal es su principal activo. No lo son ni la infraestructura ni los equipos. Tampoco debe entendérselo como una herramienta pasiva para la producción de servicios y hacer un manejo instrumental y cosificado de él; peor aún cuando se pretende realizar reformas y transformaciones contra el personal señalándolos como uno de los blancos que deben ser atacados, como ocurre con el Magisterio en el sector Educación. En suma, se requiere:

• Ley de Carrera Sanitaria democrática y concertada con los profesionales y trabajadores del sector, orientada a garantizar los derechos de los ciudadanos y usuarios de los servicios de salud, al logro de los objetivos sanitarios institucionales y del país, y los derechos y deberes de los profesionales y demás trabajadores del sector Salud.
• Aumento al doble del número de médicos y enfermeras en los servicios públicos, promoviendo, con incentivos, que los egresados se queden y sirvan al país.
• Reforma de la formación de especialistas para atender la demanda nacional, sobre todo la de las regiones y en las especialidades que se requieren para garantizar los objetivos sanitarios nacionales.
• Remuneraciones dignas en el sector, que permitan a los cerca de 200 mil profesionales y trabajadores la tranquilidad para reducir paulatinamente su trabajo en múltiples instituciones, lo que afecta el desempeño de las instituciones prestadoras.
• Revisión y modificación del régimen de los CAS y establecimiento de una carrera pública en salud, con reconocimiento al mérito.
• Incentivos para el trabajo en zonas alejadas, rurales de sierra y selva, y áreas de frontera.
• Promoción de la reforma de la educación en ciencias de la salud, para trabajar con los formadores públicos y privados un perfil acorde con la necesidad de una atención primaria de la salud renovada, incluyendo en ésta a especialistas, y garantizar una formación de calidad en pregrado y posgrado, respetando la autonomía universitaria y retomando la acreditación.
• Capacitación permanente del personal de Salud, evitando la ‘rutinización’, la desprofesionalización y la pérdida de competencias.