Las principales autoridades de la región Lambayeque conformarán desde hoy, una mesa técnica para plantear propuestas de solución al grave problema que afronta la ciudad de Chiclayo en el transporte público. La informalidad, el desorden y el caos vehicular que caracteriza a la Capital de la Amistad, han generado un ambiente propicio para la incursión de los delincuentes, motivo principal por el que las autoridades hoy se reunirán.
Sin embargo, la escasa calidad de vida de los chiclayanos es producto también de la negligente gestión municipal, que durante el período de gobierno del alcalde Roberto Torres Gonzáles, hizo recrudecer la situación al no aplicar un plan e incluso normas.
DECRETOS. Desde el 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (Decreto Supremo N° 017) en el que estableció que cada municipalidad debía aprobar un Plan Regulador de Rutas para, mejorar el servicio.
Pero después de cuatro años de haber entrado en vigencia dicha norma, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) demuestra un total desacato. Lo mismo sucede con el Decreto Supremo N° 055 (Reglamento Nacional de Transporte Público de pasajeros en vehículos motorizados), el cual parecer ser pisoteado por la actual gestión municipal.
En estos reglamentos se estableció que cada comuna debe conformar una Comisión Consultiva de Transportes (D.S. N° 017) y una Comisión Técnica Mixta (D.S. N° 055) con la finalidad de elaborar planes de desarrollo que luego sean aprobados por el pleno del concejo municipal.
El único paso que dio la MPCh al respecto fue cuando el burgomaestre Roberto Torres fue inhabilitado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la primera regidora, Elizabeth Montenegro, ocupó su lugar. Incluso durante la corta gestión de la ex alcaldesa se aprobó en sesión de concejo la conformación de ambas comisiones y quienes serían los regidores que la integrarían; sin embargo al ser nuevamente repuesto por el JNE, Roberto Torres desautorizó lo avanzado.
CORRUPCIÓN. Sobre el particular, el presidente de la Asociación de Taxis de Chiclayo, Juan Vásquez García, sostuvo que en la MPCh existe un "grado de corrupción que ya rompió todos los esquemas", lo cual se refleja en el desinterés para acatar los estipulado en las normas del MTC.
"Si hicieran una encuesta de las municipalidades más corruptas a nivel nacional, la de Chiclayo se lo lleva de lejos. Las mafias que existen en transporte no dejan que Chiclayo crezca. No se quiere trabajar así (según decretos) porque hay negociados, se otorga licencias a nuevas empresas, se autoriza incremento de flota o de ampliación de rutas por favor político o con una prebenda económica de por medio", manifestó.
Incluso el dirigente calificó de "gran mentiroso" al alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, porque durante su primera gestión promulgó una ordenanza (015 - 2008) que estableció los pagos (S/. 1200) que deberían realizar los taxistas para formalizarse; sin embargo no retribuyó con obras a pesar que se empadronaron 5350 taxis y se recaudó S/. 5 millones 700 mil.
"Nos cobraron por reposición de la infraestructura vial S/. 785, por señalización S/. 263, por semaforización S/. 28 y por costo de atención S/. 124. Son derechos que pagamos por cinco años pero ¿están señalizadas las calles? ¿Cuántos semáforos más se han instalado. Roberto Torres es el gran mentiroso", puntualizó.
Asimismo, el dirigente sostuvo que la MPCh debe realizar un censo vehicular que establezca cuantos taxis necesita Chiclayo para prestar servicio y crear un depósito oficial en donde se traslade a los taxis informales. Además no permitir el ingreso de vehículos de carga pesada y de transporte nacional (ómnibus) al centro de la ciudad.
"Todos estos lineamientos podría fijarlos la comisión técnica. Existen vías alternas que deben ser habilitadas. Se debe construir un terrapuerto para reubicar a los ómnibus y un nuevo terminal en donde se instalen las empresas transporte interurbano de los 38 distritos de la región", acotó.
DEFICIENTES. En la misma línea de opinión, el presidente de la Coordinadora Regional de Transporte Público, Ruperto Míñope Guevara, sostuvo que los funcionarios de la comuna no están preparados para elaborar un plan que reforme el transporte público. Responsabilizó a los servidores de la Gerencia de Desarrollo Vial por no acatar los decretos antes citados. "El Plan regulador de rutas podría establecer cuáles no tienen servicio y fijar paraderos para que la policía no cometa excesos poniendo papeletas", dijo.
Al respecto, el gerente de Desarrollo Vial y Transporte de la MPCh, Javier Valencia, indicó que para elaborar un Plan Regulador de Rutas, se necesita logística y personal especializado que ya ha solicitado a la gerencia general. "Esperemos que en la próxima semana podamos empezar. Cuando asumí el cargo quise retomar lo avanzado, pero no encontré nada", acotó.
Fuente: http://diariocorreo.pe/
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