Con gran expectativa de diversos medios de prensa se formalizó la anunciada acusación fiscal contra el sentenciado alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles y sus trabajadores de confianza.
Un total de 978 folios comprende el requerimiento acusatorio que el fiscal Esdras Sánchez Moreno presentó, solicitando la pena máxima de 30 años de cárcel contra el alcalde.
De esta manera el fiscal se ratificó -tal como lo hizo durante la investigación preparatoria- que dentro de la Municipalidad de Chiclayo existe una "organización delictiva".
"Me ratifico, para mí hay personas que ya están de espaldas a la ley, que lejos de estar al servicio de la nación y defender los intereses del estado, lo que buscan es satisfacer intereses personales", manifestó.
OBRAS. Sánchez Moreno explicó que su acusación se fundamenta en las irregularidades detectadas en 11 obras de pavimentación, las cuales se ejecutaron bajo la modalidad de administración directa con un presupuesto que supera los 6 millones de soles.
Sostuvo que dichos proyectos fueron ejecutados vulnerando la ley de contrataciones del Estado, debido a que el proceso de adquisición de materiales de construcción -e incluso los pagos respectivos- se realizaron cuando las obras ya habían culminado.
"Por ejemplo se pagó por eliminación de desmonte casi 28 mil soles, para eso se realizó la adquisición directa selectiva N° 022 del 2008. Aquí se ha comparado las fechas de órdenes de pago con el cuaderno de obra y se detectó que se pagó al proveedor del servicio antes que comience obra", dijo, subrayando que los expedientes técnicos de cada proyecto también se realizaron a destiempo.
Asimismo el fiscal Esdras Sánchez precisó que 6 de las 11 obras investigadas se ejecutaron en el marco del foro Apec (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en agosto del 2008.
"La Séptima disposición final de la ley de presupuesto para el año 2008, establecía que quedaban exonerados de la ley de Contrataciones del Estado aquellas adquisiciones de bienes o servicios que tengan relación con el Foro Apec;_pero recabando un informe de la Comisión Técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores , lo cual no se hizo", dijo. Cabe indicar que también se requirió 30 años de prisión contra Julio Vásquez Pérez (exgerente de Edificación), Julio García Torres (exgerente municipal), Yolanda_Benavides Campos (exsubgerente de Logística) y Antonio Giraldo Cano (exgerente de Administración).
A Roberto Torres y sus extrabajadores de confianza se les acusa por los delitos de asociación ilícita para delinquir, peculado por apropiación y colusión agravada. En 10 días el fiscal argumentará su acusación en el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria.
FUENTE: http://diariocorreo.pe/
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