La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), suspendió nuevamente de su cargo, al titular del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Óscar Tenorio Torres; por haber incurrido en una supuesta falta grave durante el ejercicio de sus funciones en el 2012.
Tras largos nueves meses de ausencia, el controvertido juez pudo reincorporarse a sus labores el pasado 20 de enero del 2014, cuando el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispusiera dejar sin efecto su primera suspensión (de marzo del 2013).
Sin embargo, la alegría solamente le duró siete semanas al mediático magistrado, pues la Ocma volvió a emitir medida cautelar, sancionándolo con una suspensión de 6 meses por haber "resuelto con inusitada celeridad" una demanda contra la Corporación Agrícola Úcupe S.A.
RESOLUCIÓN. El documento firmado por la jefa de la Ocma, Ana María Aranda Rodríguez, incluso advierte que el referido juez podría ser destituido del cargo, al haber transgredido supuestamente el artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial.
"Se abrió proceso disciplinario contra el citado magistrado atribuyéndole presuntamente haber establecido una relación extraprocesal con el demandante José Baltazar Torres Bello para favorecerlo en la admisión de su solicitud cautelar", consta en la medida cautelar N° 74 - 2012 de la Ocma.
Asimismo, se cuestiona que Tenorio Torres haya declarado fundada la solicitud de Torres Tello tres días después de haber declarado improcedente una solicitud en un proceso de amparo idéntico. "Lo que tornaría en injustificada la invocación de un cambio de criterio jurisdiccional vulnerando su deber previsto en la Ley de Carrera Judicial".
En la disposición de la Ocma también se cita el acta de visita judicial realizada por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) en enero del 2012, la cual detalla que desde su ingreso al Juzgado Civil, en julio del 2011, Tenorio Torres no resolvió 23 procesos y mantenía 148 expedientes pendientes de emitir sentencia.
"No obstante lo indicado, el magistrado investigado mediante resolución de fecha 14 de marzo del 2012, habría resuelto la demanda de amparo interpuesta pro el señor José Torres Bello contra la Corporación Agrícola Úcupe S.A. mediante la cual solicitaba se declare nula y sin efecto legal resoluciones expedidas en el Juzgado Mixto de Tumbes", consta en el dictamen de la Ocma.
SE DEFIENDE. Al respecto, el juez civil Óscar Tenorio Torres, indicó que la medida cautelar que la Ocma emitió sancionándolo, ha sido forzada por una "mafia azucarera" que buscó a toda costa evitar que se pronuncie sobre el caso de la empresa Agropucalá.
"Sin temor alguno percibo y digo lo que percibo, acá está actuando la mafia azucarera para que Oscar Tenorio en calidad de juez del Tercer Juzgado Civil no se pronuncie sobre tan importante caso e histórico para la ciudadanía lambayecana. Como podrán comprender, me siento indignado y con vergüenza de que no se respete la autonomía e independencia de un juez titular a portas de pronunciarme sobre el caso de la azucarera Pucalá", manifestó en conferencia de prensa.
El magistrado sostuvo que con su suspensión se ha dado un duro golpe no solo a su persona, sino al Poder Judicial, puesto que es dada justo cuando iba a emitir una sentencia que - ayer - con los ánimos exacerbados se animó a describir:
"Estaba a punto de resolverse el cambio de administración, convocatoria a junta de accionistas y la recusación contra mi persona. Todas esas situaciones estaban ya prácticamente para ser suscritas por quien habla y proceder conforme corresponde, lamentablemente se da esta situación de la cual yo denuncio públicamente. Debe haber grupos de interés donde Oscar Tenorio le es incómoda, es algo que siempre deben preguntarse autoridades locales y nacionales para no caer en el juego del lobby de esta mafia azucarera", puntualizó.
Por último, cabe precisar que el juez Óscar Tenorio a pesar de calificar de "rara" sus suspensión y denunciar el "lobby de una mafia azucarera", no quiso indicar a quien se refería; sin embargo, dejó entrever que se trataría de los inversionistas Carlos Roncal Miñano y Ernesto Flores Vílchez, quiénes actualmente controlan la empresa azucarera de la mano con los administradores judiciales Pablo Gutiérrez Carmona, Roberto Campos Valle, Ricardo Pereira Silva.
"Considero que hay grupo de interés y la comunidad chiclayana sabe perfectamente como trabajan, quiénes son los perjudicados, pregunten a la masa trabajadora, a actores, a jubilados, a viudas de Pucalá, saquen sus conclusiones", acotó.
Fuente: http://diariocorreo.pe/
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