Análisis. La Defensoría del Pueblo a través de informe detalla seis problemas, como son paraderos informales, falta de Depósito Oficial, carencia de señalizaciones, insuficientes inspectores, entre otros.
Ysela Vega
Chiclayo
Es la una de la tarde en la intersección de las calles Arica y Teniente Pinglo y la desesperación y el afán de avanzar de los conductores de autos y camionetas, así como de peatones, se apodera del lugar. Un laberinto -del cual toma hasta 30 minutos salir en una unidad móvil-, y el caos del tránsito, agobia a la Ciudad de la Amistad, sumergida por ahora en el atraso y el desorden a causa de la inercia de las autoridades del ayuntamiento chiclayano.
"Una flagrante vulneración de los derechos de los ciudadanos y sin que la autoridad municipal (Roberto Torres Gonzales) imponga la ley y el orden se padece en Chiclayo", concluye el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el problema del sistema del tránsito y el servicio de transporte público.
Julio Hidalgo Reyes, jefe de este organismo, sostiene que la improvisación y la falta de visión a futuro de los funcionarios ediles conlleva a la infracción de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que establece las competencias, normativas de gestión y fiscalización a las municipalidades provinciales a fin de detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales.
Empero, en este contexto fluyen interrogantes. ¿La municipalidad de Chiclayo realiza trabajos de planificación para paliar la crisis en el transporte?, ¿Sus funcionarios ejercen una real función para cambiar este rumbo?
Para la Defensoría del Pueblo, la respuesta es NO, debido a que hasta la fecha no ha demostrado una labor en defensa de la salud y la integridad de las personas y menos una planificación eficiente para la administración de las rutas y supervisión en este sector.
De brazos cruzados
Ante la carencia de líneas de gestión para orientar el crecimento vehicular, la Defensoría del Pueblo realizó un estudio que comprendió de agosto del 2013 a marzo de este año, detectando seis problemas en el transporte. El primero está referido a los vehículos estacionados en zonas rígidas y veredas, tal como sucede en las cuadras 3, 4, 5 de la avenida Balta, cuadra 7 de la calle María Ízaga, cuadra 6 de la calle Francisco Cabrera, cuadra 4 de la calle Torres Paz, cuadras 5 y 7 de la calle 7 de Enero.
El mismo problema se observa en las cuadras 6 y 9 de Alfredo Lapoint, cuadras 6, 7, 8, 9 de la calle San José y otras arterias, pese a estar vigente la Ordenanza Municipal N° 021-2003 que prohíbe el estacionamiento, lo que sin embargo no ha ameritado la intervención de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes.
Un segundo aspecto es la ausencia de señalizaciones (señales verticales, marcas en la calzada, semáforos, señales luminosas y dispositivos auxiliares) y deficiente mantenimiento en la vía pública.
Tras la supervisión se comprobó que en Chiclayo existen 197 semáforos instalados en 64 intersecciones del casco central. Pero ante el incremento del parque automotor se requiere de más equipos en 14 intersecciones entre la calle Junín y avenida Balta y el óvalo Eloy Ureta. "La municipalidad está cambiando semáforos del sistema analógico al sistema LED", dijo Hidalgo.
Más personal
En el tercer punto se ha considerado el insuficiente número de inspectores para la fiscalización del transporte público.
La Subgerencia de Transportes tiene solo 22 inspectores distribuidos en dos turnos. "Hay un déficit de 18 trabajadores que ayuden a detectar la infracción de las normas que regulan el transporte", manifestó Julio Hidalgo, quien agregó que se vulnera la Ley N° 27972.
También se consignan los paraderos informales en la vía pública, los que obstaculizan el libre tránsito vehicular y peatonal. Así tenemos en la cuadra 4 de la calle Rázuri y en la intersección de la calle Elías Aguirre y la avenida José Leonardo Ortiz, paraderos de mototaxis; mientras a inmediaciones del parque San Lorenzo, vehículos para transporte de mercancía.
En tanto, en las cuadras 1 y 2 de la calle Mariscal Nieto y cuadras 11 y 13 de la calle Leoncio Prado, funcionan paraderos de combis y colectivos. Lo mismo sucede en la cuadra 5 de la calle Manco Cápac y en la Plazuela Elías Aguirre. En este último lugar hay un paradero de colectivos.
Empero, también hay paraderos informales que operan en inmuebles sin licencia de funcionamiento, que están ubicados en la calle Leoncio Prado N° 1337, Mariscal Nieto N° 135 y en la intersección de las calles Leoncio Prado y Manco Cápac.
En el quinto punto está la falta de un Depósito Oficial de Vehículos (DOV) y un vehículo grúa. "Este depósito funciona en el terminal Epsel para albergar a 20 y no a 80 carros como dice la MPCh", anotó.
Chiclayo
Es la una de la tarde en la intersección de las calles Arica y Teniente Pinglo y la desesperación y el afán de avanzar de los conductores de autos y camionetas, así como de peatones, se apodera del lugar. Un laberinto -del cual toma hasta 30 minutos salir en una unidad móvil-, y el caos del tránsito, agobia a la Ciudad de la Amistad, sumergida por ahora en el atraso y el desorden a causa de la inercia de las autoridades del ayuntamiento chiclayano.
"Una flagrante vulneración de los derechos de los ciudadanos y sin que la autoridad municipal (Roberto Torres Gonzales) imponga la ley y el orden se padece en Chiclayo", concluye el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el problema del sistema del tránsito y el servicio de transporte público.
Julio Hidalgo Reyes, jefe de este organismo, sostiene que la improvisación y la falta de visión a futuro de los funcionarios ediles conlleva a la infracción de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que establece las competencias, normativas de gestión y fiscalización a las municipalidades provinciales a fin de detectar infracciones e imponer sanciones por incumplimiento de los dispositivos legales.
Empero, en este contexto fluyen interrogantes. ¿La municipalidad de Chiclayo realiza trabajos de planificación para paliar la crisis en el transporte?, ¿Sus funcionarios ejercen una real función para cambiar este rumbo?
Para la Defensoría del Pueblo, la respuesta es NO, debido a que hasta la fecha no ha demostrado una labor en defensa de la salud y la integridad de las personas y menos una planificación eficiente para la administración de las rutas y supervisión en este sector.
De brazos cruzados
Ante la carencia de líneas de gestión para orientar el crecimento vehicular, la Defensoría del Pueblo realizó un estudio que comprendió de agosto del 2013 a marzo de este año, detectando seis problemas en el transporte. El primero está referido a los vehículos estacionados en zonas rígidas y veredas, tal como sucede en las cuadras 3, 4, 5 de la avenida Balta, cuadra 7 de la calle María Ízaga, cuadra 6 de la calle Francisco Cabrera, cuadra 4 de la calle Torres Paz, cuadras 5 y 7 de la calle 7 de Enero.
El mismo problema se observa en las cuadras 6 y 9 de Alfredo Lapoint, cuadras 6, 7, 8, 9 de la calle San José y otras arterias, pese a estar vigente la Ordenanza Municipal N° 021-2003 que prohíbe el estacionamiento, lo que sin embargo no ha ameritado la intervención de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes.
Un segundo aspecto es la ausencia de señalizaciones (señales verticales, marcas en la calzada, semáforos, señales luminosas y dispositivos auxiliares) y deficiente mantenimiento en la vía pública.
Tras la supervisión se comprobó que en Chiclayo existen 197 semáforos instalados en 64 intersecciones del casco central. Pero ante el incremento del parque automotor se requiere de más equipos en 14 intersecciones entre la calle Junín y avenida Balta y el óvalo Eloy Ureta. "La municipalidad está cambiando semáforos del sistema analógico al sistema LED", dijo Hidalgo.
Más personal
En el tercer punto se ha considerado el insuficiente número de inspectores para la fiscalización del transporte público.
La Subgerencia de Transportes tiene solo 22 inspectores distribuidos en dos turnos. "Hay un déficit de 18 trabajadores que ayuden a detectar la infracción de las normas que regulan el transporte", manifestó Julio Hidalgo, quien agregó que se vulnera la Ley N° 27972.
También se consignan los paraderos informales en la vía pública, los que obstaculizan el libre tránsito vehicular y peatonal. Así tenemos en la cuadra 4 de la calle Rázuri y en la intersección de la calle Elías Aguirre y la avenida José Leonardo Ortiz, paraderos de mototaxis; mientras a inmediaciones del parque San Lorenzo, vehículos para transporte de mercancía.
En tanto, en las cuadras 1 y 2 de la calle Mariscal Nieto y cuadras 11 y 13 de la calle Leoncio Prado, funcionan paraderos de combis y colectivos. Lo mismo sucede en la cuadra 5 de la calle Manco Cápac y en la Plazuela Elías Aguirre. En este último lugar hay un paradero de colectivos.
Empero, también hay paraderos informales que operan en inmuebles sin licencia de funcionamiento, que están ubicados en la calle Leoncio Prado N° 1337, Mariscal Nieto N° 135 y en la intersección de las calles Leoncio Prado y Manco Cápac.
En el quinto punto está la falta de un Depósito Oficial de Vehículos (DOV) y un vehículo grúa. "Este depósito funciona en el terminal Epsel para albergar a 20 y no a 80 carros como dice la MPCh", anotó.
Fuente: http://www.larepublica.pe/
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