Perú: Frente a la grave situación en Cajamarca, Amnistía Internacional
exige el cese inmediato de la violencia y pide medidas de protección para
defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistía Internacional hace un
llamado urgente a los dirigentes sociales de Cajamarca a que impidan las
manifestaciones violentas que están ocurriendo en estos momentos en la
provincia de Cajamarca. Al mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a
las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas
policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable
para proteger la vida.
La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de
conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú,
lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la puerta a una serie de
graves violaciones de derechos humanos.
Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero
siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas
internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo modo, es de
vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a
la libertad de expresión, reunión y asociación.
Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre
los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando enfrentamientos
entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en tres muertos, más de
veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y el ejército, y al menos 16
detenidos.
Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo ha
declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012, por el
cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad
y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y
tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.
Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de
emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares internacionales
de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe traducirse en
violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado de
emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física de las
personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser respetado el derecho
de los detenidos a un proceso debido, y debe protegerse y garantizarse el
ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en la zona para
que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias.
Lima, 04 de julio de 2012
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