Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz.
“Considerando que la justicia es uno de los valores supremos más altos de la humanidad a la cual todos aspiramos”, el presidente electo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Perú) para el periodo 2011-2012, Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz, anunció que al entrar en funciones el 3 enero entrante, “primero tenemos que identificar puntualmente nuestros problemas y los problemas del Distrito Judicial de Lambayeque, que en su mayoría son comunes a los que presentan otros distritos judiciales a nivel nacional”.
Al respecto dijo que “por ejemplo se presentan actos aislados de corrupción, hay una sobre carga procesal y la incrementación de la misma de manera sostenida, no siendo posible atender esta carga porque no hay la cantidad de órganos jurisdiccionales como salas y juzgados suficientes, también es necesario la provisión de mayores plazas de auxiliares jurisdiccionales, esto evidentemente genera que no se cumplan en algunos casos con los plazos que establecen las normas procesales para resolver los diferentes juicios, aparte que a veces hay insuficiente asignación de recursos económicos, también falta de autonomía en cuanto a la gestión presupuestaria”, añadió.
Silva Muñoz precisó que “otro de los problemas que debemos advertir es que falta una mejor comunicación y coordinación con la población y con las instituciones que tienen que ver con el sistema de justicia como el Ministerio Público, Ministerio de Justicia a través de sus defensores de oficio, Instituto Nacional Penitenciario, Policía Nacional y el Colegio de Abogados de Lambayeque, para cuyo efecto anunció que se establecerá los mecanismos para llevar a cabo acciones de esta índole. Por ejemplo una buena comunicación permitirá avanzar en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal que es un mecanismo nuevo que privilegia la oralidad, celeridad, con el cual las decisiones son más transparentes porque se toman en audiencias públicas y en consecuencia es un mecanismo muy bueno.
Identificados estos problemas podremos dar ciertas soluciones, por ejemplo en lo que se refiere a los actos de corrupción, tenemos la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA a nivel nacional y la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) a nivel local, está última a cargo del juez superior titular Dr. Juan Peralta Cueva, quien tiene el encargo por mandato legal de hacer el control tanto de actos de magistrados o jueces, así como de auxiliares jurisdiccionales respecto a los actos indebidos, como inconductas funcionales.
Sin embargo, este control no es eminentemente sancionador sino que por política institucional se ha establecido que el control debe ser preventivo, concurrente y posterior, a lo que el Dr. Silva considera que debe privilegiarse el control preventivo a través de campañas de sensibilización como asumir valores del ejercicio ético de la profesión del abogado, de la función jurisdiccional e inclusive en la población, en el sentido que los procesos judiciales tienen que tramitarse y resolverse con arreglo a derecho y sobre todo procurando que la decisión del juez sea la más justa; entonces es el control preventivo el que permitirá que se disuadan ciertas inconductas; en el control concurrente, indudablemente es cuando se inicia un proceso administrativo disciplinario, pues allí será la ODECMA quien determine o no la responsabilidad del funcionario para aplicar con posterioridad la sanción si es que ellos se merecen o en todo caso absolverlos.
Silva Muñoz, señaló que de acuerdo a las estadísticas que se manejan en la ODECMA, las quejas que se registran por actos de corrupción son mínimas, eso nos da una lectura muy positiva de cómo es que se viene desempeñando tanto el personal como los magistrados dentro de nuestro Distrito Judicial; las quejas son más por retardo, por disconformidad de las partes con la decisión que se toma, para lo cual evidentemente existen los recursos dentro de cada proceso, sin embargo consideramos que no se debe descuidar de ninguna manera el control de los pocos casos aislados de corrupción que puedan advertir y en su momento establecer las responsabilidades, lo cual tiene que hacerse de manera concordada con los principales órganos de la Corte Suprema y OCMA.
SOBRECARGA PROCESAL
En cuanto a la sobrecarga procesal, tiene que ver con muchas razones, una es que los órganos jurisdiccionales no son creados en función al elevado número de litigios en nuestro medio, existe mayor población cada año y por ende los litigios aumentan, sin embargo los órganos jurisdiccionales no crecen en ese mismo margen, entonces se necesita de la creación de más órganos jurisdiccionales, para eso tienen que funcionar muy bien la estadística de la Corte para sustentar o justificar la creación.
CONCILIACION Y ARBITRAJE
La alta litigiosidad se produce también por una razón simple, los pobladores entienden solamente que existe el Poder Judicial para solucionar sus conflictos, cuando no es así. En la sede nacional tenemos por mandato legal incorporados otros mecanismos de solución de conflictos, como la conciliación, donde interviene una tercera persona haciendo conocer a los litigantes cual es la ventaja de llegar a un acuerdo sobre un problema que tengan y sin necesidad de recurrir al órganos jurisdiccionales, sin embargo de un tiempo a esta parte la conciliación no ha sido vista como política de Estado y es por eso que no ha rendido los frutos que se esperaba, si comparamos Colombia que es una sociedad más conflictiva que la nuestra, la conciliación funciona de muy buena manera.
Otro mecanismo es el arbitraje, donde un juez privado interviene y resuelve los conflictos, en el Ministerio de Justicia en Lima, existe un programa que se llama Arbitra Perú, este tiene como finalidad resolver los problemas de las personas pero con un tercero, este juez resuelve casos de alimentos, deudas pequeñas, en cambio en nuestra localidad todos esos casos que van al Poder Judicial podrían muy bien solucionarse en arbitraje.
La conciliación no está publicitada, no se hace conocer a las personas la ventaja de ese mecanismo y por eso es que no acuden, aún cuando es más ventajoso por mayor rapidez.
ONP INCUMPLE FUNCIONES
Otro tema que veo como juez especializado, es la alta carga en materia contenciosa administrativa que se encarga de resolver problemas que se presentan cuando los funcionarios públicos no aceptan derechos incumpliendo supuestamente con la Constitución y con la Ley como es en materia pensionaria, es un caso muy álgido, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han establecido criterios uniformes respecto al reconocimiento de derechos pensionarios, sin embargo hemos visto que la ONP a pesar que existen esas decisiones totalmente firmes desconocen los derechos de los jubilados, cuyos casos van al Poder Judicial, elevando innecesariamente la carga procesal, cuando la situación es muy sencilla que la ONP cumpla con la Constitución y con el Tribunal Constitucional, con lo cual se solucionarían todos esos problemas, eso haría que se descargara el Poder Judicial y se daría prioridad a las causas que necesitan verdadera atención y con la consiguiente celeridad, cumplimiento de plazos lo cual mejoraría la vida de los ciudadanos.
HOJA DE VIDA
El Dr. Silva Muñoz, egresó de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y comenzó a ejercer su profesión en el año 1992 como secretario del Segundo Juzgado Civil, fue promocionado como Juez de Paz Letrado en La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo, posteriormente se le dio la oportunidad de asumir en condición de suplente el Tercer Juzgado Especializado Civil hasta que el año 2003 logró el titularato como juez superior al haber ganado un concurso ocupando el primer lugar.
Ha sido integrante de la Oficina de Control Interno, jefe de la oficina de capacitación, actualmente es jefe de la comisión para seleccionar peritos, presidente de la Sala Civil Transitoria y director de la Escuela de Formación y Capacitación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior, habiendo logrado la organización y puesta en funcionamiento de la biblioteca de reciente inauguración.
Así mismo es magíster en derecho civil y comercial y candidato doctor por la misma universidad, actualmente se desempeña como profesor de la facultad de Derecho en la UNPRG donde dicta los cursos de derecho procesal civil y derecho judicial y Ministerio Público, es jurado de tesis en la Escuela de Post Grado, profesor asociado de la Academia de la Magistratura e invitado a dictar conferencias, ponencias en materia jurídica y autor de dos obras jurídicas: “Constitución política y procedentes vinculantes (editorial San Marcos) y “Medidas autosatisfactivas en el derecho procesal civil peruano” (editado por Asesoría, consultoría y producciones GPZ).
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