PRONUNCIAMIENTO
El Consejo Directivo del ICAL, como institución rectora del
pensamiento jurídico-social ante la realidad y el evidente malestar que vive la
población lambayecana, en especial la ciudad de Chiclayo, por la ejecución de
obra de redes de agua potable, y el Distrito de Cañaris respecto
a la minería, cumple con expresar lo siguiente:
Chiclayo
Se está ejecutando en la Capital de la Amistad-Chiclayo la
obra "Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado con
Conexiones Domiciliarias del Casco Central de Chiclayo Antiguo y Colectores
Pedro Ruiz Gallo, Francisco Cabrera y Elvira García y García Chiclayo".
Obra que está creando un malestar general y que evidencia de manera
incuestionable: la falta de planificación, la falta de capacidad técnica y
logística de la Municipalidad de Chiclayo y la incapacidad e ineptitud de los
encargados de esta obra que ha ocasionado dolosamente el vertido de miles de
litros cúbicos de aguas servidas a la vía pública, contaminando severamente el
medio ambiente, poniendo en grave peligro la salud de los ciudadanos, hasta el
extremo de ser declarado Chiclayo, como peligro inminente de epidemias, entre
ellas la de la peste bubónica, agregándose a ello el serio congestionamiento
vehicular, y afectación de los negocios, ocasionando la pérdida de miles de
horas hombre.
Esto, atenta contra el derecho a la vida reconocido en el
artículo 2° numeral 1 de la Constitución que es la piedra angular sobre la cual
descansa el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la
República. De igual forma, en ese ordinal de la Carta Política encuentra
asidero el derecho a la salud, puesto que la vida resulta inconcebible si no se
le garantiza a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y
armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental.
Es evidente que contribuye a este desmedro en contra de la
ciudad de Chiclayo la ingobernabilidad municipal como consecuencia de la
decisión del Jurado Nacional de Elecciones y lo resuelto por el Poder Judicial.
En tal sentido, para terminar con esta incertidumbre exigimos que el Jurado
Nacional de Elecciones de manera imperiosa debe tener en cuenta la sentencia
firme del Poder Judicial que inhabilita al Alcalde y el Pronunciamiento en
última instancia del Tribunal Constitucional, coadyuvando a la normal
gobernabilidad local.
No solo debemos señalar lo que acontece, sino que se debe
asumir responsablemente nuestra participación en bien de nuestra población,
siendo necesaria la acción conjunta y coordinada de las instituciones exentas
de intereses personales y partidarios. Por lo que consideramos que ante la
evidencia de los problemas que vivimos en forma diaria en Chiclayo, exigimos
que el Gobierno Regional de Lambayeque LIDERE E INTERVENGA a la solución de
este problema, conjuntamente con la Municipalidad de Chiclayo y EPSEL SA, con
el asesoramiento de los entes técnicos como son el Colegio de Ingenieros, de
Arquitectos, con nuestra participación y demás instituciones de la Sociedad
Civil.
Por los acontecimientos antes indicados exigimos en primer
lugar que el Ministerio Publico realice una profunda investigación sobre estos
hechos, la Defensoría del Pueblo se involucre y emita un pronunciamiento
público. Al Ministerio de Salud que realice los estudios necesarios para
establecer cuáles son los parámetros de contaminación y poder prevenir las
posibles consecuencias de estos hechos. Al Gobierno Central que apoye en la
solución ante la emergencia de la ciudad de Chiclayo.
Que la Contraloría General de la República conforme a la Ley
N° 27785 debe intervenir de manera inmediata y se determinen las responsabilidades
administrativas, civiles y penales (artículo 243° de la Ley N° 27444), ya que
el expediente técnico de la obra tiene deficiencias y omisiones técnicas,
presupuéstales y además su ejecución está generando hechos que atentan contra
la salud, la vida y el medio ambiente.
CAÑARIS
Que, como institución gremial colegiada nos causa honda y
legítima preocupación el conflicto que se viene suscitando entre el Pueblo de
Cañaris y el Estado, por la ejecución de trabajos de exploración de parte de la
Compañía Minera Candente Cooper, los mismos que se vienen desarrollando con el
malestar y protesta de la comunidad de Cañaris por no seguir sus cauces legales
y normales.
El Estado tiene la obligación de velar y hacer respetar los
derechos de las comunidades indígenas y sus originarios, cuya existencia como
persona jurídica y derecho de propiedad sobre sus tierras se reconoce en la
Constitución Política del Estado, en su artículo 89°; tal y conforme es el caso
de las Comunidades de "San Juan" y "Túpac Amaru" de Cañaris
quienes están defendiendo legítimamente no solo la propiedad de sus tierras,
que la ostentan desde épocas ancestrales, sino su medio ambiente, que ahora
está siendo amenazado con la actividad de exploración e inminente futura
extracción de minerales que se encuentra en extensas áreas de terreno que
fueron entregadas por el Estado a empresas mineras sin haber consultado a las
comunidades mineras de dicha zona.
El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque reconoce que la
promoción de la minería es una aspiración de todo el pueblo peruano; sin
embargo, en esta oportunidad atendiendo el contexto dentro del cual se está
desenvolviendo la preocupación de los hermanos comuneros de Cañaris -libre de
tendencias políticas: personales o partidarias- nuestro deber es exhortar al
Estado que dicha promoción debe desarrollarse de manera responsable sopesando
no solo el costo y beneficio del desarrollo económico, sino en forma coherente
con el medio ambiente y la cultura de la comunidad que se afecta; para lo cual
debe establecerse la necesidad de la elaboración de un informe previo,
técnicamente sustentado sobre los criterios indicados, sumado el impacto
ambiental que generaría los trabajos de exploración con futura explotación;
estudio técnico que debe hacerse por una institución independiente al Sector
Energía y Minas por ser una de las partes interesadas en el resultado de este
conflicto de intereses, con una posición pública y notoria, registrada, además,
a través de los medios de comunicación.
Chiclayo, 24 de febrero del 2013
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ICAL
Dr. VíCTOR ANACLETO GUERRERO
DECANO
