A más de dos meses de que la Procuraduría Anticorrupción y la regidora de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Celinda Ortiz Prieto, presentaran recurso de queja (apelación), recién los actuados fueron elevados a la Segunda Fiscalía de Apelaciones que despacha Jorge Arteaga Vera, quien se pronunciará sobre si declara fundado este recurso legal o confirma lo dispuesto en primera instancia.
A raíz que el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Carlos Cáceres Alejos, archivó la investigación por el delito de negociación incompatible contra el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, el ex gerente general Ciro Chávez Martos y los 11 regidores oficialistas se tomaron acciones legales, en razón que la parte apelante considera que existen argumentos que tipifican la comisión ilícita.
El procurador anticorrupción José Manuel Benavente Millán manifestó que la adquisición del bien por tres millones de soles no estuvo considerada en el Plan Anual de Adquisiciones de la comuna, por lo que se habrían utilizado recursos económicos destinados a otro fin.
Por su parte la concejal Celinda Ortiz Prieto expresó que no existe un documento que demuestre que el inmueble no sea de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh).
“Se espera que la Fiscalía de Apelaciones emita un pronunciamiento que permita desarrollar una investigación que determine responsabilidades y se sancione conforme a las leyes”, dijo Benavente.
Fuente: http://www.larepublica.pe/
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